Priscila Díaz (21 años) y Ángel Gabriel Vega (22) circulaban en una Citroen Berlingo por la avenida Brígido Terán el sábado a la madrugada. Al llegar a la intersección con Pedro Miguel Aráoz fueron detenidos en un control de rutina. Los policías, al observar que estaban nerviosos, decidieron revisar el vehículo. Descubrieron que llevaban anafes que tenían un peso irregular. Los abrieron y encontraron siete kilos y medio de cocaína. Este no es un caso más. Es una prueba de cómo están funcionando los engranajes narcos en la región y en la provincia. Algunos de ellos son:

1- La compra

Los narcos compran la cocaína en Bolivia o recurren a los proveedores locales que están instalados en Orán o en Salvador Mazza (Salta). Este tipo de droga tiene dos valores. El tradicional es de U$S3.500 el kilo, pero se puede conseguir la misma cantidad de estupefaciente a US$2.500. La diferencia del costo nada tiene que ver con la calidad, sino con quién la vende. Según consta en varios expedientes judiciales e investigaciones, la más económica estaría en manos de miembros de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales que concretan decomisos que no son reportados o se quedan con parte de la sustancia que secuestran para luego comercializarlas.

2- El traslado

Hay decenas de mecanismos para trasladar droga. Los grandes narcos, los que comercializan la cocaína en el exterior, lo hacen por aire. Los más chicos, por tierra, en autos, en ómnibus de línea o en los popularmente conocidos tours de compras.

En la industria narco hay una regla: rara vez el dueño de la carga traslada la sustancia. Normalmente son personas a las que contratan. Díaz y Vega, según los investigadores, no se conocían. Ella habría realizado el viaje en un tour de compras y él habría sido enviado a buscarla y llevarla hasta una casa en San Cayetano. Varias fuentes consultadas coincidieron en señalar que las personas que realizan esta actividad, conocida como “mula”, está tarifada: entre U$S200 y U$S250 por kilo.

3- El apoyo

Díaz viajó a Orán como integrante de un tour de compras. Regresó el sábado a la madrugada y la detuvieron cuando se dirigía a entregar el encargo. Otra vez surgen las dudas sobre la eficacia de los controles de las fuerzas nacionales y provinciales. Para llegar a Tucumán desde la localidad salteña, el micro en el que se trasladó debió superar 10 controles de Gendarmería Nacional y todos los de las Policías provinciales que están instalados en los límites de Jujuy, de Salta y de Tucumán.

Los sábados hay mucho movimiento de bagayeros porque es el día de regreso de las excursiones. Un sábado la Policía encontró 60 kilos de marihuana que eran transportados en un tour de compra. También un sábado, luego de una persecución en Las Talitas, desconocidos arrojaron 10 kilos de cocaína para evitar ser atrapados.

En menos de un mes, la Justicia Federal procesó a 32 gendarmes que hacían controles en las rutas de Salta, de Jujuy, de Tucumán y de Catamarca, por integrar una banda que se dedicaba a cobrar coimas a las personas que trasladaban mercadería ingresada ilegalmente al país y droga.

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Fueron los mismos bagayeros los que se quejaron por el “abusivo” cobro de sobornos por parte de los efectivos. Ahora, los denunciantes se animan a contar más detalles. Por ejemplo, uno de ellos le dijo a LA GACETA que en Salta detienen el micro y los obligan a bajar la mercadería que transportan. Según este testimonio, el valor de la coima se establecería por la carga que llevan: si descubren droga, les exigirían más e inclusive, siempre según los dichos de este testigo, se quedarían con una parte de ella que luego venderían a los narcos. El informante relató que los gendarmes les habrían pedido $60.000 por persona. El micro trasladaba 30 pasajeros, por lo cual los uniformados se habrían quedado con $1,8 millón.

4- La reventa

Una vez que la droga llega a destino, sus dueños eligen que harán con ella. Tienen dos opciones. Venderla a los líderes de las redes de narcomenudeo de la provincia a un valor promedio de U$S5.000 o enviarlas a otras provincias donde la comercializan -según datos que manejan la Justicia y las fuerzas de seguridad- a un precio mucho mayor. Por ejemplo, en Santiago del Estero, el costo del kilo ascendería a U$S6.000; en Córdoba, a U$S7.000; en Santa Fe, a U$S8.000; en el conurbano de Buenos Aires, a U$S9.000; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a U$S 10.000. El incremento del precio tiene una sola razón: el costo del traslado.

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Hasta el momento no existe el más mínimo indicio del destino de los 7,5 kilos de cocaína secuestrados en San Cayetano. Sí se puede decir que en nuestra provincia, el valor de lo decomisado llega a los U$S37.500, más de 10 veces su costo en la frontera. En CABA, su precio sería de U$S75.000.

5- El estiramiento

Cuando la droga llega a manos de los compradores, se produce lo que se conoce como estiramiento. Agregándoles algunas sustancias (dipirona, analgésicos, psicofármacos, fécula de maíz y azúcar impalpable, entre otros productos) obtienen hasta cinco veces su peso, es decir, de un kilo logran cinco.

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Se dedican a realizar esta tarea los líderes de grandes redes de narcomenudeo para abastecer sus “quioscos” de venta de droga o a los revendedores que la comercializan a los transas de menor escala. Estos la venden en menores cantidades que van de los 150 a 500 gramos. Pese a que ofrecen una cocaína de menor calidad, el valor promedio del kilo en estos casos es de U$S6.500. Es muy probable que los minoristas vuelvan a estirar el estupefaciente hasta dos veces más para conseguir rindes más altos. De todos modos, pocos lo hacen, porque el consumidor busca calidad.

6- El final

Con el secuestro de los 7,5 kilos de cocaína registrado el sábado, se evitó que a la calle llegarán al menos 37.500 dosis de un gramo. Cada una de ellas tiene un valor de $8.000. Si todas son vendidas -lo más probable- podrían obtenerse hasta U$S250.000.

Los números del negocio son asombrosos. Las ganancias millonarias que se obtienen no sólo explican por qué no para de crecer, sino que además facilita la compra de voluntades que favorece su desarrollo. Pero también genera un interrogante: ¿sirve que la Provincia asuma la lucha contra el narcomenudeo si la droga llega con extrema facilidad a Tucumán?